El primer año del México de AMLO

El primer año del México de AMLO

La llegada de AMLO a la presidencia generó sentimientos de esperanza, entusiasmo y renovación en México. Hoy, hay una creciente inquietud de que su gobierno no es capaz de realizar los cambios que los mexicanos necesitan urgentemente.

AMLO aborda un vuelo comercial en febrero de 2019. (Alfredo Estrella/AFP vía Getty Images)

Traducción de Manuel A. Bautista González. Read this article in English.

 

En una mañana soleada de mayo de 2019 en Los Pinos, la antigua residencia de los presidentes de México ahora abierta al público, ciudadanos mexicanos paseaban entre hileras de autos, camiones, y vehículos blindados. Varios miraban al interior de un Volkswagen escarabajo de 1951 y posaban para tomarse fotografías en frente de un Lamborghini Murciélago. Los autos, pertenecientes todos al gobierno mexicano (algunos para uso oficial, otros decomisados a organizaciones delictivas), esperaban ser subastados. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó en varias ocasiones Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la campaña presidencial de 2018. Ahora, ya como presidente, la subasta encarnaba al nuevo régimen. Los ingresos de la venta de los autos se destinarían a algunos de los municipios más pobres. Incluso el organismo gubernamental responsable de la subasta tendría un nuevo nombre que reafirmaba la voluntad presidencial: el Instituto para Devolverle al Pueblo Robado.

Mientras esperaban a ser vendidos, los vehículos se ensuciaban con el polvo y la contaminación de la Ciudad de México, que se encuentra en un valle que atrapa la contaminación a 2,300 metros sobre el nivel del mar. La semana anterior, la actividad en la ciudad se había virtualmente detenido por varios días debido a una contingencia ambiental, en la que temperaturas elevadas, baja precipitación e incendios empeoraron la de por sí baja calidad del aire ocasionada por el esmog y a las emisiones industriales.  En el polvo de la ventana de un Corvette Stingray, alguien escribió un insulto homofóbico dedicado al expresidente Enrique Peña Nieto. Pocos días después, los vehículos desaparecieron tras ser vendidos. La subasta recaudó más de un millón de dólares en ventas.

La subasta se diseñó para demostrar algunas de las ambiciones políticas del nuevo presidente. Pocos dudan de la determinación de AMLO por cambiar a México. Incluso antes de asumir el cargo, AMLO había manifestado la dimensión histórica de su mandato, llamándolo la Cuarta Transformación de México (4T), tras las transformaciones traídas por la independencia del país de España, la Reforma liberal, y la Revolución mexicana. Aunque AMLO nunca ha definido precisamente lo que es la Cuarta Transformación, el término describe una reivindicación del orgullo nacional, un proyecto político de alinear a la presidencia con la voluntad popular, y la creación de un movimiento social que remueva los vestigios del viejo sistema político, la desigualdad social, y el estatus quo económico.

AMLO se ha movido rápidamente para hacer cambios. Viejas oficinas y programas han sido desmantelados y sustituidos por nuevas políticas sociales. El gasto considerado excesivo ha sido eliminado, y las partidas presupuestales han sido reajustadas. Los encargos de las secretarías y organismos gubernamentales han cambiado dadas las nuevas prioridades. Beneficiado por una elección que le dio una mayoría absoluta, MORENA, el partido de AMLO, tiene un férreo control del Congreso. Y a pesar de las críticas, la popularidad del presidente se ha mantenido razonablemente elevada: su índice de aprobación ha caído de un máximo 81 puntos a 68.

AMLO es el cuarto presidente –y el primero de izquierda– elegido desde 2000, el año en el que terminaron siete décadas del control monopólico de la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Aproximadamente a un año de asumir el encargo, el índice de aprobación de AMLO no difiere significativamente del de sus predecesores más conservadores en el mismo periodo. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son ampliamente considerados como oportunidades perdidas. De hecho, su legado de fiascos acumulados empujó decididamente a AMLO a la presidencia. Las expectativas son altas. Para que su gobierno tenga éxito, AMLO tendrá que mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Para hacerlo, tendrá que reducir la corrupción, mejorar la justicia económica y la seguridad pública. En cada área, sin embargo, hay razones que generan preocupación en torno a la habilidad de AMLO para avanzar de manera significativa.

 

En su campaña por la presidencia en 2018, AMLO se enfocó en el proyecto de infraestructura más emblemático de la administración anterior, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En ese entonces, el 20 por ciento de la construcción ya se había completado, y el 60 por ciento de la inversión ya se había asignado a contratistas. AMLO argumentó que el proyecto era demasiado caro y que estaba plagado de corrupción. Ofreció varias alternativas posibles, incluyendo la cancelación del NAIM, su auditoría, o su privatización. Como presidente electo, a un mes de asumir la presidencia, AMLO delegó la decisión al pueblo, organizando una consulta popular (un referendo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral). Aunque la mayoría de las encuestas mostraban que la mayoría de los mexicanos deseaban que se continuara con la construcción del aeropuerto, la consulta arrojó el resultado contrario: un 70 por ciento de los participantes votaron por cancelar el proyecto y por construir en su lugar un aeropuerto más pequeño en la base militar de Santa Lucía.

El referendo estuvo plagado de irregularidades. Como presidente electo, AMLO no contaba con la facultad legal para convocar a la consulta. En el referendo sólo participaron 1.1 millones de personas –alrededor de 1.2 por ciento de la población registrada en el padrón electoral. Hubo más casillas para la consulta en los distritos electorales en los que MORENA recibió más votos que en los lugares donde MORENA no tuvo tanto apoyo. En las semanas anteriores al referendo, numerosos demandantes promovieron amparos en contra de la decisión de convocar a la consulta. Los litigios en contra de la cancelación del NAICM continuaron hasta mediados de octubre de 2019, cuando el gobierno decidió clasificar el proyecto como un asunto de seguridad nacional para detener lo que AMLO describió como “sabotaje legal”. Las cortes obedecieron. El magistrado que insistía en continuar con los litigios, Jorge Arturo Camero Ocampo, fue removido inmediatamente de su cargo, y acusado de corrupción por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia y un cercano aliado de AMLO. Hacia noviembre de 2019 no se habían iniciado investigaciones oficiales sobre la supuesta corrupción que AMLO enarboló como razón para cancelar el proyecto.

El caso del aeropuerto ilustra tanto la centralidad de la campaña contra la corrupción para la presidencia de AMLO como la frecuente naturaleza casuística de su implementación. AMLO espera que la gente crea que sus intenciones, y las intenciones de quienes lo rodean, son nobles, en vez de seguir prácticas más institucionales. AMLO describe su postura como “austeridad republicana”, un imperativo moral dirigido en contra de los privilegios de las élites mexicanas, del dispendio y los excesos, del abuso de fondos públicos y de la corrupción rampante. El paradigma se presenta como una alternativa al modelo neoliberal con el que ha vivido el país desde la década de 1980, que abarca: privatización de empresas públicas, austeridad fiscal, y un nexo antidemocrático entre poder político y poder económico, todo ello acompañado de tasas decepcionantes de crecimiento económico. En teoría, la austeridad republicana pondría el poder político al servicio de los mexicanos promedio, con los pobres como primera prioridad; la austeridad republicana resultaría en un gobierno frugal, competente y honesto, trabajando para crear una economía más justa e incluyente.

Las decisiones de AMLO de abrir la residencia presidencial al público y de subastar los vehículos de lujo son parte de la puesta en práctica de la austeridad republicana. Entre otras medidas, el presidente también ha decidido vender el avión presidencial y volar en clase económica, bajarse el sueldo 40 por ciento, reducir los salarios de los servidores públicos en altos cargos, cancelar las pensiones vitalicias para los expresidentes, y eliminar el Estado Mayor Presidencial (el equivalente mexicano de una guardia presidencial).

La pregunta es si estos gestos son más simbólicos que sustanciales. Los críticos de AMLO creen que sus decisiones más significativas pueden resultar contraproducentes. Según la investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad Ana Thaís Martínez, la cancelación del NAIM podría terminar costando miles de millones de pesos a los contribuyentes mexicanos. La reducción de los salarios de los servidores públicos hará más difícil atraer y retener el talento necesario para ejecutar las labores de gobierno de manera efectiva. Y no es evidente que las políticas anticorrupción más visibles reducirán verdaderamente las prácticas de corrupción sin esfuerzos institucionales. El que el presidente vuele en clase económica es un símbolo poderoso de su compromiso de vivir modestamente, pero no altera en nada la economía política del antiguo régimen.

 

Hay una cierta ironía en hacer de la austeridad republicana una alternativa al neoliberalismo, dado que la austeridad fiscal ha sido un ancla de las políticas económicas neoliberales puestas en práctica por gobiernos anteriores. Sin embargo, el gobierno de AMLO enfatiza que la austeridad republicana no significa reducir el gasto público, sino reajustar las partidas presupuestales para beneficiar a los más desfavorecidos. En el pasado, el gasto público en México ha incrementado la desigualdad en la distribución del ingreso, más que reducirla. Para AMLO, la reducción de la corrupción y el dispendio es un componente fundamental de su estrategia para restablecer la confianza del público en su gobierno –terminando con prácticas que han permitido a los empleados públicos con acceso a recursos estatales mantener estándares de vida muy superiores a los de la mayor parte de los mexicanos.

Cuando AMLO estuvo a punto de ganar la elección presidencial de 2006 –elección en la que insistió que había perdido debido a un fraude electoral, sin ofrecer pruebas al respecto– sus oponentes lo compararon frecuentemente con otros “populistas” de izquierda en América Latina.  El fantasma de Hugo Chávez se usaba a menudo para sugerir que una victoria de AMLO llevaría a un futuro de irresponsabilidad económica y eventual crisis. Sin embargo, la austeridad republicana se ha distanciado significativamente de las políticas económicas insostenibles de Venezuela. Por ejemplo, nadie en México clama por la nacionalización de empresas del sector privado, y el gasto público no se ha elevado de manera notable. El primer año de AMLO en el poder se ha caracterizado por una férrea disciplina macroeconómica. De hecho, su gobierno ha evitado implementar reformas fiscales e institucionales necesarias para hacer del modelo económico de México algo más progresivo e incluyente. Por ahora, su gobierno sólo está reajustando recursos existentes, sin generar nuevos ingresos fiscales.

Estos reajustes no están exentos de problemas. La reducción de subsidios en el sector salud han ocasionado escasez de medicamentos y personal en hospitales públicos. Las reducciones salariales y los despidos de personal en áreas tan importantes como el Sistema de Administración Tributaria han debilitado aún más las magras capacidades recaudatorias del gobierno federal.

El gobierno también ha transformado un número de programas sociales en operación. Ha reemplazado los programas condicionales de transferencias en efectivo con la provisión directa de apoyos económicos, especialmente a jóvenes, adultos mayores, y personas con capacidades diferentes. Aunque las partidas presupuestales para los programas sociales se han incrementado, al tercer trimestre de 2019, el gobierno ha subejercido su gasto social en cerca de $2.5 mil millones de dólares en áreas clave como el desempleo juvenil. En otros casos, los apoyos económicos en efectivo no han sido suficientes para reemplazar los beneficios perdidos, como ocurrió con los apoyos de guarderías para madres de bajos recursos que fueron reemplazados por un pago único de $42 dólares mensuales por familia.

Los apoyos en efectivo son emblemáticos de la voluntad del gobierno para poner la igualdad social en el centro de la política pública. Sin embargo, los apoyos podrían convertirse en una nueva base de políticas clientelares, uno de los aspectos más negativos del antiguo régimen político. No hay padrones confiables o transparentes de los beneficiarios. En 2019, los apoyos se entregaron sin supervisión o regulación: no hay todavía ningún marco legal que los regule en 2020. Y al menos por ahora hay poca evidencia de que los cambios estén produciendo resultados. La iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas sociales más importantes del gobierno de AMLO enfocada a proveer de empleo a los jóvenes, no ha producido una caída significativa en la tasa de desempleo de la población entre 18 y 29 años que ni trabaja ni estudia. Después de 10 meses, y con cerca de un millón de personas inscritas en el programa, la iniciativa ha sido capaz de colocar únicamente a 15,000 jóvenes en puestos de trabajo.

Un logro más positivo en el mercado laboral ha sido el incremento en el salario mínimo nacional de $4.39 dólares a casi $5 dólares. En la región fronteriza –la más industrializada y con la población de mayores ingresos– el salario mínimo prácticamente creció al doble, a casi $9 dólares por día. Esta política salarial empoderó a numerosos trabajadores. Después del anuncio del incremento al salario mínimo, hubo varias huelgas en maquiladoras de la ciudad fronteriza de Matamoros: decenas de miles de trabajadores consiguieron renegociar sus contratos y mejoraron su paga. La abogada laboral Susana Prieto Terrazas, quien se convirtió en la líder simbólica de las huelgas, las comparó con la Primavera Árabe. “Siempre soñé que los trabajadores iban a despertar y luchar [por sus derechos] y sucedió”,dijo. El gobierno de AMLO se mantuvo neutral ante las huelgas, un cambio notable dada la clara hostilidad de los gobiernos anteriores a acciones colectivas por parte de los trabajadores. En todo el país, el poder adquisitivo de los trabajadores ha aumentado, y ha habido un incremento en el consumo, dos factores que explican la duradera popularidad de AMLO.

En otros ámbitos, hay señales económicas más preocupantes. La economía se está desacelerando y probablemente el crecimiento económico sea de casi cero por ciento en 2019. Confrontado con la posibilidad de que su primer año en el poder fuera de casi nulo crecimiento económico, AMLO dijo que “no hay recesión económica, aunque no le[s] guste a nuestros adversarios”. Apuntando a la distribución del ingreso, AMLO dijo que a su gobierno le importa el crecimiento, pero le preocupa más el desarrollo. Sin embargo, un bajo crecimiento económico hará más difíciles los esfuerzos por redistribuir el ingreso y la riqueza. Carlos Manuel Urzúa Macías, un renombrado economista progresista y secretario de Hacienda de AMLO por siete meses, expresó su preocupación por el rechazo del presidente a la pericia técnica, escribiendo en su carta de renuncia: “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia… Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco.”

Hay ecos, sin embargo, de algunas dinámicas políticas de países “bolivarianos”, incluso a pesar de diferencias significativas en política económica. AMLO ha mantenido por mucho tiempo que una élite pequeña (la “mafia en el poder”) es responsable de los problemas nacionales, y ha descrito a las élites del país con la palabra coloquial “fifí” (o de gustos exclusivos y excesivamente refinados). Pero eso no ha impedido que busque colaborar con los ultra-ricos mexicanos. Cuando la inversión en el sector privado decayó a principios de 2019, al tiempo que Donald Trump amenazaba con imponer tarifas a las exportaciones mexicanas en junio, AMLO respondió contactando a algunos de los ciudadanos más ricos del país. Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, dos de los hombres más ricos del planeta, han aparecido con AMLO en eventos públicos y han anunciado su interés en colaborar con el gobierno en grandes proyectos de infraestructura.

Más que un “populista” de izquierda, AMLO es un político de corte “popular-nacionalista” combatiendo el régimen tecnocrático y la globalización. Por ejemplo, desde que era un político de la oposición, AMLO ha repetido insistentemente su deseo de convertir a la empresa petrolera pública Pemex en el motor de desarrollo del país. Sus otros proyectos insignia –el aeropuerto en Santa Lucía, una refinería de crudo en Dos Bocas, y el “Tren Maya” que daría un recorrido turístico alrededor de sitios arqueológicos mayas en la península de Yucatán– evocan cierta nostalgia por la era del “desarrollo estabilizador” de México, el periodo de crecimiento económico sostenido de mediados del siglo XX. Pero las condiciones –y prioridades– hoy no son las de antes. Julia Carabias Lillo, una de las activistas ambientales más respetadas del país, ha dicho que el Tren Maya es un modelo de “anti-ecoturismo”: se trata de un proyecto masivo y de alta intensidad que no respeta el medio ambiente, no cuenta con una función social y no involucra a las comunidades locales. Por su parte, AMLO ha dicho que a “los abajofirmantes” que han expresado reservas sobre el tren –incluyendo académicos, ambientalistas y grupos indígenas– les “falta[ba] baño de pueblo”.

 

AMLO ganó la elección presidencial en gran parte por la frustración de los mexicanos con los gobiernos que le precedieron. Además de la corrupción y el desarrollo desigual, se percibía ampliamente como un fallo a la estrategia punitiva de militarización para combatir al crimen organizado. La seguridad pública en México ha alcanzado un punto extremo: desde 2006, el número de homicidios relacionados con el crimen han alcanzado casi 250,000 –adicionalmente, el número de desaparecidos alcanza al menos 40,000. La participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia ha resultado en serias violaciones a los derechos humanos. Durante su campaña, AMLO prometió un cambio radical en materia de seguridad, incluyendo el retorno gradual de los militares a sus cuarteles, la legalización de las drogas, justicia transicional, y amnistías selectivas. AMLO insistió que sus políticas para combatir la corrupción en el gobierno y la desigualdad económica disminuirían las tasas de delincuencia.

Sin embargo, durante el primer año de su gobierno, la tasa de homicidios ha aumentado. En los primeros diez meses de 2019, hubo casi 30,000 asesinatos –un número récord. En gran parte la cifra fue consecuencia de las políticas fallidas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Pero cuanto más pasa el tiempo, AMLO tendrá que asumir su responsabilidad en la crisis de seguridad. Esto no será fácil. En particular, una nueva iniciativa sentó un precedente preocupante: en julio, AMLO estableció una Guardia Nacional. Este nuevo cuerpo de seguridad –emblemático de la política de seguridad del gobierno– es una fuerza híbrida (tanto militar como policial) que parece en gran parte una continuación del enfoque militarizado de la guerra contra las drogas.

En algunas partes del país, los grupos criminales son tan fuertes que el gobierno mexicano carece de autoridad efectiva. El pasado octubre, el gobierno tuvo que liberar a Ovidio Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán– tras su arresto por fuerzas armadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Justo después de la detención de Ovidio Guzmán, miembros del Cártel de Sinaloa (la organización criminal de El Chapo) bloquearon avenidas, prendieron fuego a vehículos, y crearon caos en la ciudad: nueve personas murieron en la confrontación. Abrumado por la violencia del cártel, el gobierno federal decidió liberar a Guzmán. Tras su puesta en libertad, la credibilidad de la estrategia anticrimen del gobierno de AMLO se desplomó.

El arresto fallido fue resultado de una operación pobremente planeada; sin embargo, también generó preguntas importantes sobre las políticas de seguridad de AMLO. El episodio de Culiacán repitió los aspectos más criticados de los gobiernos anteriores: la “decapitación” de los cárteles de la droga, matando o deteniendo a sus líderes, en vez de darle prioridad a medidas menos espectaculares pero más efectivas en el largo plazo, como el desmantelamiento de las redes criminales a nivel de sus mandos medios, el despliegue enérgico de la inteligencia financiera en contra del lavado de dinero, y sobre todo, el compromiso con una reforma integral de las fuerzas policiales y el sistema de administración de justicia.

El episodio también refleja los retos que enfrenta AMLO en el escenario internacional, particularmente en relación con su vecino del norte. Después del cruel asesinato de nueve miembros de una familia mormona en el norte de México a principios de noviembre de 2019, muchos mexicanos y norteamericanos acusaron de fallida a la política de “abrazos, no balazos” de AMLO. En noviembre 5, el presidente Donald Trump escribió en Twitter: “Es hora de que México, con la ayuda de Estados Unidos, declare la GUERRA a los cárteles de la droga y los extermine de la faz de la tierra.” AMLO tiene razones de peso para tomar con seriedad los caprichos de Trump. Con sus amenazas de imponer tarifas a las exportaciones mexicanas, Trump consiguió que el gobierno de AMLO se comprometiera a incrementar la vigilancia y cumplimiento de sus regulaciones migratorias no sólo en las fronteras de México sino en todo el territorio nacional. Como resultado de las presiones de Trump, el gobierno de AMLO abandonó la política de dar permisos de trabajo a migrantes centroamericanos, y adoptó una posición más dura –notablemente a través de la movilización de cerca de 25,000 miembros de la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes y restringir su movimiento dentro del territorio mexicano, impidiéndoles, por ejemplo, salir del sureño estado fronterizo de Chiapas.

Como ha argumentado el antropólogo Claudio Lomnitz, este drástico cambio en la política de migración demostró una consecuencia irreversible del proceso de integración norteamericana: México se vio efectivamente obligado a desplegar tropas en contra de los migrantes centroamericanos para mantener sus flujos comerciales con Estados Unidos. La integración norteamericana, es, por supuesto, profundamente asimétrica. Por ejemplo, como ha indicado el veterano reportero británico Ioan Grillo, dado que los cárteles mexicanos de la droga emplean armas de alto calibre fabricadas en los Estados Unidos, sería de gran ayuda para la lucha contra los cárteles si menos armas de este tipo estuvieran disponibles a la venta. Pero muy rara vez el tema se discute en Estados Unidos, incluso entre partidarios de controles de venta de armas más estrictos.

A diferencia de Guatemala, Honduras y El Salvador, México se ha rehusado en repetidas ocasiones a cumplir con la demanda norteamericana de firmar un acuerdo de “tercer país seguro”, que requeriría que los migrantes solicitaran asilo en un país de tránsito (y que su petición fuera rechazada en ese país) antes de solicitar asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, la adopción en enero de 2019 de los Protocolos de Protección a Migrantes en Estados Unidos –conocidos como el plan “Remain in Mexico”, por el cual los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos son enviados a México para esperar respuesta a sus solicitudes– ha convertido a México en un “tercer país seguro” de facto. Como resultado de los Protocolos de Protección a Migrantes, cerca de 60,000 migrantes están varados en ciudades fronterizas mexicanas, a la espera de que las autoridades norteamericanas tramiten sus solicitudes de asilo. La mayoría de los migrantes vive en condiciones de extrema precariedad y son objeto de extorsiones, robos y secuestros. Estas condiciones han contribuido a un alza en sentimientos y opiniones antiinmigrantes sin precedentes en la vida pública de México.

Sólo queda un componente del conjunto original de políticas migratorias de AMLO que buscaba crear una alternativa al estatus quo: la promoción de un plan de desarrollo regional para Centroamérica que atienda algunas de las causas principales de la migración. Desde un punto de vista práctico y ético, un esfuerzo regional parece inevitable; con el cambio climático, muy probablemente el flujo de migrantes de Centroamérica a México y a los Estados Unidos aumentará en el largo plazo. Pero la tendencia general es clara: bajo presión, México se ha convertido en un socio a tiempo completo de la agresiva postura antiinmigrante del gobierno de los Estados Unidos.

 

AMLO fue electo con el apoyo entusiasta de la mayor parte de la izquierda mexicana. ¿Qué hemos aprendido sobre el tipo de izquierda que representa tras un año en el poder? Sus rasgos de izquierda más claros son su postura crítica en contra de la oligarquía mexicana, y su intento de repensar la relación entre poder político y poder económico. En un marcado contraste con los políticos mexicanos de las últimas décadas, AMLO ha sido por mucho tiempo un crítico de la concentración de riqueza y recursos por parte de la élite mexicana. Sin embargo, a pesar de su viejo compromiso con la denuncia de la exclusión social, la postura de AMLO adolece de deficiencias importantes. Por ejemplo, su intenso enfoque en la corrupción política puede crear la impresión de que detrás de ese tipo de corrupción existe una serie de relaciones económicas que son esencialmente justas y que no merecen ser replanteadas. El énfasis en la corrupción corre el riesgo de desviar la atención del objetivo principal de un verdadero programa político de izquierda: la creación de una economía política igualitaria capaz de transformar la distribución de los recursos materiales. El programa económico de AMLO carece de las herramientas principales para tal redistribución, incluyendo las muy necesarias reformas fiscales.

El programa de AMLO para el desarrollo social y económico del país sufre de otra deficiencia profunda: su énfasis en la producción, refinación y consumo de petróleo, justificado bajo la bandera de la “soberanía energética”. Las energías limpias y renovables están completamente ausentes de sus planes, mientras que proyectos de gran escala y de alto impacto ambiental como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas ocupan un espacio central. Es también problemático que AMLO no parece distinguir entre las críticas de buena y mala fe; como proyecto político, la Cuarta Transformación prefiere fortalecer el liderazgo presidencial como instrumento de la voluntad popular.

Aunque su política exterior incorpora elementos progresistas –incluyendo la oferta de mediación entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó cuando ambos reclamaron la presidencia de Venezuela, y el asilo a Evo Morales tras renunciar a la presidencia de Bolivia al perder el apoyo del ejército– AMLO no ha desplegado una visión más profunda de las dimensiones globales de problemas como el cambio climático, la migración, y la política económica. Uno de los objetivos fundamentales de política exterior de su gobierno ha sido (algo paradójicamente) la batalla por la preservación de los principios de comercio exterior codificados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la forma del nuevo Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés). Será difícil poner fin al neoliberalismo si las políticas internas no se acompañan por un conjunto similar de políticas externas. AMLO ha repetido insistentemente que “la mejor política exterior es la [política] interior”. Pero sin un enfoque de izquierda ante problemas globales, el gobierno de AMLO simplemente ha adoptado algunos de los programas de libre comercio más emblemáticos de los gobiernos anteriores sin presentar una alternativa propia.

La llegada de AMLO a la presidencia generó sentimientos de esperanza, entusiasmo y renovación en México. A un año de su presidencia, hay una creciente inquietud de que la Cuarta Transformación no es capaz de realizar los cambios que los mexicanos necesitan urgentemente. Por el momento, la oposición política a AMLO está en pedazos. No tiene liderazgo, no tiene ideas y, sobre todo, no tiene relevancia. Pero MORENA y AMLO, quien insiste que está llevando a cabo una profunda transformación de México, necesitan ser más audaces, más astutos y dispuestos a rendir cuentas para tener éxito en su labor. El poeta Javier Sicilia, quien fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que agrupa a víctimas de la delincuencia tras el asesinato de su hijo en 2011, ha dado voz a las preocupaciones de muchos. “No somos [los] enemigos [de AMLO], no queremos su fracaso, [el] fracaso de la 4T es el fracaso del país para siempre”, dijo en noviembre. “Después de la 4T, ya no hay nada”.


Humberto Beck (@humbertobeck) es profesor en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México en la Ciudad de México. Es autor de The Moment of Rupture: Historical Consciousness in Interwar German Thought.

Carlos Bravo Regidor (@carlosbravoreg) es ensayista político y profesor asociado en el Programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de México.

Patrick Iber (@patrickiber) es profesor asistente de historia en la Universidad de Wisconsin. Es autor de Neither Peace nor Freedom: The Cultural Cold War in Latin America.

Manuel A. Bautista González (@econobitch) es candidato al doctorado en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Columbia en Nueva York.


tote | University of California Press Lima